Mitos y Verdades de la TV Digital

posteado por: Equipo El Post

Hace rato que la TV Digital dejó de ser un tema que sólo preocupe a los expertos en tecnología. El proyecto de ley, que hoy está en el Senado, ha provocado una ardua discusión, sobre todo alrededor de puntos como el cobro por la transmisión televisiva, los privilegios de los grandes operadores en desmedro, por ejemplo, de la TV comunitaria y la programación cultural. En este dossier semanal, tres visiones acerca del tema: Manuela Gumucio, de Fucatel, Juan Agustín Vargas, de Anatel y, en representación de la mesa ciudadana, el actor y gestor cultural Jaime Mondría.

La ley que puede cambiar nuestra televisión sigue ahora su rumbo por los canales del Senado después de haber concluido su paso por la Cámara de Diputados. La audiencia que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones viene haciendo desde hace tres semanas ha permitido que se expresen operadores de TV abiertos y de pago, empresas de telecomunicaciones; organizaciones sociales e instituciones relacionadas con la producción de contenidos. Con ello se ha abierto una ventana de esperanza de corrección de algunos aspectos francamente críticos del proyecto en su estado actual.

Entre estos puntos álgidos se encuentran, sin duda, el derecho que introdujeron los diputados de cobrar hasta por la mitad de la programación de la televisión y, también, las normas que privilegian a los grandes operadores por sobre los entrantes, como es la mantención de la duración indefinida para las principales concesiones de los operadores históricos y el diferente trato a los concesionarios con redes, respecto de los pequeños operadores sin red (20 años de duración para los primeros y 5, para los segundos).

La autorización de cobro por el 50% de la programación que contraviene frontalmente la esencia de la televisión abierta, en tanto la Ley de telecomunicaciones la define como  “radiodifusión de libre recepción” y por ende gratuita, tuvo el mérito de agitar a la ciudadanía y sacar del closet esta discusión, condenada a la oscuridad por  los medios de comunicación, desde hacía tres años.

Pero la posibilidad de cobro es sólo la punta del Iceberg, que al asomarse permitió ver muchos otros aspectos de una ley que busca resolver los problemas de financiamiento de algunos canales pre existentes sin ver la gran oportunidad que la televisión digital representa de ofrecernos una TV más diversa, menos controlada y donde la entretención sea un incentivo de  alerta mental y no un sedante facilitador del descenso intelectual de los televidentes.

Las presentaciones de los distintos actores del mundo de la TV en el Senado -si bien, algunas se dieron también  en la Cámara- tienen mayor realce en esta etapa crucial. El final de la tramitación se acerca y se siente en el aire la urgencia de conquistar el entendimiento y la voluntad de los parlamentarios. Por otra parte, ante el enorme caudal de información allí entregado y la manifestación de importantes controversias, resulta grotesca, o al menos una broma de mal gusto, la suma urgencia impuesta por el Gobierno a los senadores, quienes, al parecer, estarían ignorando al Gobierno al darse todo el tiempo necesario para escuchar a quien lo solicite.

Sin embargo, aunque se prolongue el tiempo de tramitación, surge la interrogante de cómo los parlamentarios podrán servirse del fruto de estas audiencias para que el peregrinar hasta el Senado de los distintos sectores involucrados en el tema, no se transforme en un mero ejercicio demagógico o en una práctica democrática vacía. Es de esperar que los parlamentarios cuenten, antes de iniciar el debate de esta ley la segunda semana de junio, con el trabajo de analistas que les permitan ordenar los distintos discursos y demandas que han solicitado su atención.

Parece evidente, también, que en el curso del debate los parlamentarios deberán enfrentar el argumento de que cualquier regulación en el ámbito de la comunicación es censura. En la defensa de sus intereses, los actuales detentores de poder comunicacional, sostienen que el consumidor debe ser el único juez. Esa concepción es enemiga de una política pública en materia de medios y niega el hecho de que la comunicación, así como la educación, la salud o el medioambiente son derechos inalienables.

Los nuevos ángulos del debate. En esta etapa de la tramitación del Senado se han ido constituyendo ciertos consensos sobre los temas álgidos que señalábamos. Creemos que la defensa de un porcentaje tan alto destinado al pago por la programación, no encontrará mucho eco en los parlamentarios. También percibimos una mayor sensibilidad  respecto de la demanda de cambio de la forma actual de otorgar las concesiones  mediante la aprobación de un mero informe técnico por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y sin intervención real del Consejo Nacional de Televisión, órgano de rango constitucional, autoridad representativa y sometida al veredicto público. Esta aberración debe ser corregida, entregando  atribuciones al Consejo para discernir qué proyectos de concesiones responden a las necesidades del país en términos de diversidad y pluralismo.

Asimismo, la defensa del privilegio histórico de la duración indefinida de las principales  concesiones de cinco operadores ha perdido fuerza, al punto que los defensores de ese privilegio están preocupados  hoy del pago de una “expropiación”, alegando propiedad sobre los derechos del espectro concedido para la prestación del servicio y olvidando que ya no existen las condiciones que se tuvieron en vista para darles el carácter de indefinidas.

Lo que resulta curioso en esta reivindicación, presentada por el abogado Davor Harasic a nombre de Mega, es que se insinúe al Parlamento que no tiene atribuciones para corregir esas normas que han quedado superadas y que propician desigualdades, más aún si consideramos que la ley que se debate regirá al menos por 30 años.

Frente al avance en la clarificación de estos temas centrales, hoy nos corresponde poner el énfasis en materias menos recurrentes en estas audiencias del Senado. Una de ellas, y de la mayor trascendencia, es la necesidad de resolver cómo se bajan las barreras de acceso, para que se incorporen nuevos operadores a la televisión abierta. Si se quiere de verdad orientar la ley hacia el fomento de la creación de canales realmente nuevos deben mejorarse las normas que buscan facilitar el acceso a los medios de transmisión para los actores de los que se espera contribuyan a la diversidad. Es decir, los canales regionales, locales y comunitarios, además de los culturales y educativos. Dicho sea de paso, una excelente medida sería la de reservar espectro para futuros canales educativos y culturales o para Gobierno y sacar estos objetivos del paquete para el cual se reserva un 40% de espectro.

El proyecto actual considera que los operadores con red deben ofrecer servicios de transmisión a estos terceros, pero sólo respecto de su capacidad ociosa o “remanente”, que a nuestro juicio no existirá en los hechos. No puede quedar al arbitrio de un privado una tarea tan central que es precisamente el gran aporte de la digitalización.

Se pensó en algún momento licitar capacidad espectral para que un privado actuara como mero transmisor de contenidos ajenos, pero esta idea no prosperó. El proyecto permite que los operadores puedan tener dos concesiones de radiodifusión televisiva con espectro asignado en una misma zona de servicio, pero nada se dice respecto de si en esta nueva capacidad espectral se exigirá que exista algún remanente para poner a disposición de  terceros.

Sobre esta materia, el Observatorio ha manifestado desde el inicio la necesidad de que este rol de “transmisor” lo juegue TVN, con la asignación de una segunda concesión “ad hoc” y la dotación de un financiamiento para reforzar lo que la capacidad instalada no pueda absorber.

La ley en discusión también obliga a los operadores de cable llevar en sus parrillas a las transmisiones  de los operadores regionales. Esta no parece ser una buena solución para resolver los problemas de transmisión de los pequeños operadores, tanto por su posible inviabilidad como por el hecho de que estamos hablando de TV pagada y no gratuita, que es el derecho esencial que hay que defender y que subyace tras todo lo planteado en este artículo.

La Ley de Televisión Digital implica un enorme desafío para la industria y nos otorga la oportunidad de ser los protagonistas en una revolución que supone un cambio total en la calidad y los contenidos de los programas que hoy existen en la televisión abierta.

Sin duda que su implementación representará grandes ventajas de orden técnico, tanto en la transmisión y recepción de las señales televisivas, pero también -y eso producto de un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico-  se incrementará la oferta de programas para las audiencias. Por otra parte, apreciaremos mejoras sustanciales en la calidad de la imagen y sonido. Sin ruidos, interferencias o doble imagen.

Gracias a las tecnologías de compresión podremos acceder a nuevos servicios tales como teletexto, servicios interactivos, guías electrónicas de programas, sistemas de aviso de emergencia (EWS) y recepción móvil entre otras.

En síntesis, una serie de beneficios que en último término aportarán mejor fotografía y audio,  así como mayores posibilidades de interacción y espacio para la diversidad de contenidos.

Y mientras avanzan los trámites legislativos, el análisis a nivel de la industria respecto de la implementación  de esta compleja tecnología, es cada día más intenso. No es fácil poner de acuerdo a todos los actores, menos aún divulgar y socializar masivamente este importante cambio tecnológico. En este sentido, me parece adecuado intentar despejar algunos mitos que se han ido instalando en la opinión pública.

-La primera confusión es la relativa al uso del ancho de banda. Los convenios internacionales, de los cuales Chile es signatario, han definido para nuestro país un ancho de banda de 6 megahertz (MHz). Otros lugares del mundo utilizan 7 MHz u 8 MHz.

Este ancho es indivisible, aún más: si por alguna razón resolviéramos no respetar este acuerdo y utilizar un ancho distinto a 6 MHz, sólo podríamos hacerlo en 7 u 8 MHz. No existen más posibilidades. Más bien no hay en el mercado equipos de transmisión o televisores para anchos de banda distintos de los mencionados.

En los 6 MHz podremos transmitir más de una señal, tal como ocurría en el sistema analógico, y también incorporar transmisiones en alta definición (high definition o HD). Cada concesionario, en este caso cada canal de televisión, podrá elegir cómo ordena sus 6 MHz. Dentro de eso se pueden hacer muchas combinaciones.  Por ejemplo, optar por una señal de alta definición y tres señales digitales estándares o dos señales de alta definición y una señal digital estándar y señales para móviles o servicios de emergencia. El problema es que mientras más canales le incorporas a tus 6 MHz, más te alejas de la calidad óptima que requieren las señales de alta definición, que son las que más megabits consumen y que, por cierto, son desde el punto de vista de la calidad técnica, las más perfectas.  

-Segundo mito: la eventual escasez de espectro. No existe tal limitación. No estamos frente a un bien escaso. La banda UHF, que es la que se quiere utilizar para la transmisión de la televisión digital, tiene una gran capacidad. En Santiago, la zona más poblada de señales en operación, no sólo caben los actuales canales de televisión (y aquellos que ya operan ocupan esa banda como el diario electrónico El Mostrador, Canal 22 y otros servicios especializados como radioastronomía). Además quedará espacio disponible para al menos otras 18 concesiones de 6 MHz cada una. En regiones este número puede ser muy superior.

-Tercer mito: pérdida de la gratuidad de la televisión abierta. La TV actual, vale decir la diversidad y el nivel de contenidos que los chilenos conocen hoy, es y seguirá siendo gratuita, incluso en la era digital, en donde la calidad técnica mejorará sustancialmente. Por otra parte, el mercado publicitario, que es la principal fuente de financiamiento de la televisión abierta, exige altos estándares de calidad de producción para asegurar así  eficientes niveles de sintonía.

Si bien todo cambio conlleva incertidumbre, confusión e intereses creados, está claro que no hay razones para sospechar o temer que los canales actuales van a copar la totalidad del ancho de banda, impidiendo que otras personas participen en esta industria.

En materia de concesiones televisivas existen derechos adquiridos por Ley, ligados a normas constitucionales que es necesario respetar. Uno de ellos se refiere a la duración de las concesiones, entre ellas las indefinidas, no  perpetuas, y que están sujetas a una fiscalización permanente y con causales de pérdida.

Otro derecho que es necesario que la nueva ley de televisión digital reconozca y garantice, es el derecho de propiedad sobre los contenidos que emiten los canales de televisión, especialmente aquellos que se producen en el país con un costo importante y que son fuente de trabajo para numerosas personas y productoras independientes.

Para los canales de televisión, tal como fue el color en su oportunidad, esta evolución tecnológica representa un desafío de orden técnico y un compromiso programático importante.

Habrá que replantear las estaciones, que necesitan terrenos adecuados, servidumbres, alimentación eléctrica, torres, antenas, edificios, equipos de transmisión y enfriamiento, en fin, un conjunto de instalaciones  que en su totalidad resultan muy caras y complejas.

Por ello, y para lograr los patrones de excelencia que requiere la puesta en marcha de la televisión digital, será necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento. También resulta indispensable que la industria se desarrolle con reglas claras, donde no existan ventajas, asimetrías ni privilegios especiales, que atenten contra una libre y sana competencia que sólo busca beneficiar a la ciudadanía.

El advenimiento de la TV Digital, además del recambio de aparatos de emisión en los canales y de recepción en las casas de los televidentes, requiere de una adecuación de los cuerpos legales que regulan la industria y, por tanto, de “acuerdos nacionales” en los cuales siempre son los ciudadanos los que salen a pérdida.

En este caso, diputados de todas las bancadas han acordado introducir la posibilidad que los canales más grandes puedan cobrar por el 50% de la capacidad de transmisión. En la práctica ello significa que a fin de mes le llegará una nueva cuenta a su hogar, la de la TV Digital. Es de esperar que en su trámite en el Senado, esta situación sea revertida. En esta pasada y si la ley fuera aprobada tal como está, los ciudadanos estamos perdiendo la TV Abierta, la de libre recepción. Primero perdimos la Pública, después perdimos la universitaria y ahora perderemos la Abierta. Menos por menos por menos siempre da menos. Menos derechos.

Como de esto se ha hablado más, en adelante me referiré exclusivamente a la otra arista de esta historia, ya que los ciudadanos organizados están realizando un  monitoreo constante y minucioso de la acción parlamentaria y han elaborado una propuesta de 11 puntos que ha causado un amplio grado de consenso. En su página web, las más de 100 organizaciones asociadas para velar por una TV de carácter ciudadano publican una campaña de recolección de firmas y constantemente suben información de interés.

Hay también una vía administrativa que compete exclusivamente a la SUBTEL y requiere la firma de sólo un funcionario, escogido a dedo, para convertirse en ley de la República. Son decretos que se circunscriben a las decisiones técnicas, como la elección de la norma brasileña y como la fijación de las aplicaciones mínimas que deben traer los aparatos receptores que se comercialicen en Chile

Los ciudadanos nos hemos visto directamente afectados por las decisiones contenidas por ejemplo en la Res Exenta 7.219 de 2009 de SUBTEL, que Fija Norma Técnica y Establece especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los receptores de Televisión Digital Terrestre que se vendan en Chile. De no ser corregido, peligra la posibilidad de instalar usos sociales sobre estas tecnologías, toda vez que deja al arbitrio del mercado, a criterio de los fabricantes de los receptores incluir o no la capacidad técnica para la aplicación de la Ley 20.422 de Acceso a la Discapacidad, porque no es obligatorio que los televisores que se vendan en Chile puedan desplegar el “Closed Caption”-

Tampoco incluye la aplicación conocida como “Control Parental” que  permite a los padres interferir los contenidos a los que son expuestos sus hijos. Tras el terremoto del 27-F se debieran incluir las aplicaciones que permiten activar una alerta temprana de terremotos y de tsunamis una vez implementada la TV Digital.

Perdiendo espectro. En términos sencillos, el espectro radioeléctrico son las carreteras por donde transitan las señales de TV. Estas son un bien universal de uso público y en Chile están consagradas para la TV de libre recepción, la que llega gratis a los hogares.

El espacio disponible en el espectro útil para ejercer ciudadanía es limitado e insuficiente debido especialmente a varias situaciones que se deben modificar a la brevedad a fin de revertir.

El Proyecto de Ley en trámite modifica el plan de espectro televisivo, en su discurso especifica que la TV Digital se desarrollará sólo en los canales 21 al 51 de UHF. También especifica que al término del “simulcasting” o “apagón analógico” los canales de VHF 2 al 13 serán destinados a “servicios avanzados” no de TV. El Estado debiera hacer una reserva sobre estas bandas y preferentemente asignarlas a la Televisión Rural y a futuras aplicaciones que surjan. Las bandas del 7 al 13 están reservadas por Subtel para la Radio Digital sin mediar argumentación para ello.

¿Y le qué pasa con el resto del espectro disponible para la TV? Finalmente, según el Decreto 959 del 9.10.2007, los canales de 52 al 69, que actualmente forman parte del plan de radiodifusión televisiva y son conocidos como la banda 700, serán dedicados a la Banda Ancha Móvil y fija con las tecnologías 4G/LTE. Otro trozo de espectro que se les asigna a privados para que hagan negocio.

Por otra parte los canales 14 al 20, que en otros países forman parte del plan de TV, en Chile no se pueden utilizar para TV dado que fueron asignados hace ya más de 30 años a otros servicios por la imposibilidad de importar equipos militares debido a la enmienda Kennedy. Esta situación, si bien es difícil de revertir, merece ser estudiada ya que se está utilizando para otros servicios un espacio mayor de espectro.

Al perder espectro estamos perdiendo la posibilidad de ejercer nuestro derecho a las comunicaciones. El Estado debe hacer una reserva estratégica para canales públicos que transmitan únicamente contenidos sociales, ya sea que estos aparezcan ahora o a futuro. Esta reserva no tiene relación alguna con la que se menciona en el proyecto en el estado de avance en que se encuentra. La razón de tanta cautela es que no es plausible agotar ahora el espectro disponible en tiempos que la tecnología avanza aceleradamente. No es aconsejable bajo ninguna perspectiva desprenderse de la parte más baja del UHF.

Usos sociales v/s usos comerciales. Es de público conocimiento el hecho que la TV Digital permite nuevas aplicaciones, también conocidos como servicios alternativos o datos anexos. Pues bien, como ya se ha dicho, estos aspectos no forman parte del proyecto de ley ni tampoco de las especificaciones mínimas de la SUBTEL, y quedan en la más completa oscuridad y vienen a generar uno de los mayores vacíos de este ejercicio legislativo.

Las mismas tecnologías que sirven para realizar “Tele Educación” se pueden utilizar para realizar “Tele Mercado”. En términos técnicos, en lo que se refiere a la nueva posibilidad de un grado limitado de interactividad, se puede generar un “diálogo” entre el receptor y el emisor, ya sea mediante la previsible futura incorporación de canales más amplios de retorno (teléfonos móviles) o bien utilizando el contemporáneo sistema de “carrusel” (que es más limitado), los espectadores contarán en la era digital con la posibilidad de  seleccionar o escoger contenidos o bien introducir datos y enviarlos “de vuelta” al canal de TV o “broadcaster”.

En términos más sencillos, podemos apuntar en dos direcciones: tratar a los espectadores como estudiantes y emitir Tele Educación, por ejemplo podríamos hacer un cuestionario de alternativas tipo Prueba de Selección Universitaria, o bien podemos tratar al teleespectador como un cliente y pedirle la clave secreta de su tarjeta de crédito.

Imagine la final del mundial de fútbol del 2014, millones de personas podrán adquirir el mismo zapato que usa el jugador que anotó el último gol y definió el campeonato. La televisión se convertirá en un importante poder comprador, ese botín que definió el mundial llegará a los más recónditos lugares de Chile a través del correo postal, será pagado en cómodas cuotas con su tarjeta favorita y, lo mejor de todo, para usted es que no deberá moverse de su casa para que eso ocurra. Esa tienda que ofrezca el botín tendrá presencia en todo el territorio sin necesidad de levantar una sucursal en las zonas más apartadas donde no sería de todo rentable invertir en infraestructura. Estos son los nuevos negocios que vienen añadidos con las nuevas tecnologías, son imposibles de evitar y estas nuevas fuentes de ingresos financiarán la televisión chilena en el mediano plazo. A juicio de este ciudadano, estas plataformas de comunicación deben balancear la sana y equitativa convivencia de los usos sociales con los comerciales, de lo contrario todos salimos perdiendo.

El decreto maldito de Piñera. El Decreto Supremo Nº 264 de 2010 levanta las limitaciones existentes para otorgar nuevas concesiones de TV y a la vez proporciona al Ejecutivo nuevas atribuciones y nuevas discrecionalidades para asignar, vía administrativa, concesiones digitales, todo sin contar con reglas de funcionamiento permanentes, puesto que la ley aún se discute en el Congreso. Un grupo de 36 diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que fue acogido sólo en su parte menos sustancial.

Asombrosamente, los honorables miembros del TC dictan normas sobre temas que desconocen y generan un conflicto profundo para el advenimiento de la TV, ya que sólo serán renovables los permisos entregados al amparo del decreto supremo Nº 136 de 2009. Si hoy el Ministerio de Educación decidiera levantar una señal experimental de Tele Educación podrá acceder a un permiso, pero no podrá renovarlo nunca más. Imposible consolidar un modelo de producción de un canal de tele radio difusión en sólo un año. Francamente, es un pésimo augurio que atenta contra nuestros derechos ciudadanos. Es torpe, lamentable e indignante.