Pero los problemas existentes se perpetúan y agravan hasta la crisis actual -profundizada tras años de sequía- porque los gobiernos se han negado a desarrollar las políticas que Chile requiere y el sector político, influenciado excesivamente por el sector privado, no ha estado a la altura de realizar las grandes reformas legales que se requieren para la gestión sustentable del agua en Chile. Este hecho es reconocido por especialistas de renombre, como Axel Dourojeanni, tras años de trabajar en esta área en Chile.
El agua en nuestro país está regulada por normas que se encuentran en el Código Civil y el Código de Aguas, de 1981, elaborado y aprobado como decreto con fuerza de ley por el régimen militar, en ausencia de un parlamento y sin consulta alguna a la ciudadanía. Así, el Código autorizó la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de agua a los particulares, y la Constitución del 80 concedió un estatus de propiedad a esos derechos. Este hecho, junto a un sesgo excesivamente proclive al mercado en ambas leyes, permitió privatizar la propiedad de los recursos hídricos, separando el agua del dominio de la tierra para luego permitir su compra y venta.
En la actualidad vemos que estos derechos de propiedad sobre el agua, tanto consuntivos como no consuntivos, se encuentran principalmente en manos de empresas mineras, forestales, agroindustriales, hidroeléctricas y sanitarias, en su mayoría trasnacionales.
Esta herencia ha significado un incremento en las disputas por el agua entre los sectores productivos, generando impedimentos legales para responder oportunamente a necesidades de agua, tanto potable como para riego, de millones de chilenos que residen en áreas rurales y zonas urbanas desde Copiapó a Temuco, lo que ha detonado una creciente conflictividad social por el recurso.
Esto ocurrió, en parte, por la no inclusión de criterios ni requisitos mínimos que incorporaran las variables geográficas, ambientales y sociales -como equidad y justicia- en su asignación. También destaca la inexistencia de un orden de prelación en la distribución del agua que garantice primero el consumo humano y la producción de alimentos o agricultura y luego el desarrollo industrial y los usos competitivos de los recursos hídricos.
Pero el problema legal para el acceso y la gestión sustentable de las aguas no terminó con la dictadura. El proceso de privatización y transnacionalización del agua en el sector sanitario se realizó durante los gobiernos de Eduardo Frei (1994 y 1999) y Ricardo Lagos (1999 y 2005). En ambos casos, los derechos de agua fueron enajenados junto con las empresas públicas bajo la premisa de que la empresa privada contaba con los recursos y la tecnología necesarias para realizar las inversiones en distribución y tratamiento de aguas servidas, que las sanitarias estatales de la época no estaban en condiciones de asumir.
Sin embargo, la ampliación de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado luego de la privatización -entre 1998 y 2008- fue mínima, ya que las empresas públicas habían puesto al país en un alto estándar en estos servicios
En cuanto al tratamiento de las aguas servidas, fue implementado sustancialmente por las sanitarias privatizadas; pero los costos asociados a este “logro país” se traspasaron a cada usuario, mediante alzas en las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado, así cómo la inclusión de un nuevo ítem en la cuenta de agua para el pago del tratamiento de las aguas servidas.
Adicionalmente, el costo del servicio se elevó al doble: las tarifas punta antes de la privatización eran de 0,18 a 0,78 dólares por metro cúbico de agua. Hoy, las tarifas normales presentan alzas mucho mayores. En Santiago: US$1,10, La Serena US$1,6, Punta Arenas US$2,07 y Antofagasta US$2,6. Cabe señalar que, actualmente el Estado subsidia a sectores de bajos ingresos, lo que alcanza a 700 mil hogares, que representan el 16% de los clientes a nivel nacional, incrementando las ganancias de las empresas con recursos públicos.
Respecto de la propiedad de dichas empresas sanitarias, el Estado mantuvo hasta el año 2011 una participación accionaria importante, a través de la CORFO, en Aguas Andinas (34,98%), ESVAL (29,43%), ESSBIO (43,44%), y ESSAL (45,46%). Esta situación cambió el 24 de diciembre de 2010 (en medio de las distracciones propias del día de navidad), cuando una sesión extraordinaria del directorio de CORFO resolvió poner en venta estos activos públicos.
Como resultado, el año 2011, el gobierno del presidente Piñera vendió las acciones de todos los chilenos en las empresas Aguas Andinas, ESVAL y ESSBIO, adquiridas principalmente por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), el Ontario Teacher Pension Plan, el grupo Luksic y el grupo Bethia. En cuanto a ESSAL, la venta no se concretó debido a que las ofertas de los privados por las acciones fueron inferiores al mínimo establecido como valor de venta.
Para todos los casos, y como respuesta al rechazo de la ciudadanía y diversos sectores políticos -inclusive legisladores oficialistas- el gobierno dispuso reservar para el estado el 5% de las acciones en cada empresa.
A pesar de este 95.4% de sanitarias privadas, existen excepciones como los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), de Nogales y de Puerto Octay; todos ellos de propiedad de los diversos municipios. (Gráfico Nº 2).
En relación al abastecimiento de agua potable para los sectores rurales, existen las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR) de carácter público comunitario, constituidas principalmente como Comités y Cooperativas, cuyo funcionamiento se sustenta en la organización social de sus beneficiarios, y bajo diferentes modelos de administración. Ellas abastecen a 1.800.000 habitantes a lo largo del país, bajo criterios sociales y solidarios en beneficio de toda la comunidad.
A dos meses de que se realice la Cumbre Río + 20 y la Cumbre de los Pueblos -paralela a la primera-, Chile se presenta como perfecto ejemplo de implementación de los lineamientos y directrices del mercado, recomendados por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyo resultado ha sido la monopolización de la propiedad del agua, la perdida del acceso equitativo a este bien esencial y la mutilación de la capacidad política de los Estados para responder a los problemas de distribución, protección ambiental y escasez.
El caso de Chile es una excepción mundial, pues sobre 80% de la propiedad y gestión de las aguas en publica. Constitucionalmente a nivel de los estados está establecida como un bien común; y países como Ecuador, Bolivia, Uruguay y Holanda entre otros la han consagrado constitucionalmente como derecho humano.
Desde hace dos años, el 28 de julio 2010 , el Derecho al Agua Potable y Saneamiento básico fue establecido como derecho humano, por 122 países en la Asamblea General de Naciones Unidas ; y en septiembre del mismo año se ratifico como derecho y deber vinculante de los Estados.
Por esta razón, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó el 29 de septiembre de 2010, la Resolución que reconoce existencia jurídica del Derecho Humano al Agua y encomendó a los países informar al 66º Periodo de Sesiones de la Asamblea General, sobre las dificultades asociadas con la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento, dando inicio con ello a la obligación de informes anuales nacionales sobre la situación de este servicio esencial y básico para la vida.
Este avance en la política pública internacional evidencia, hoy más que nunca, la urgencia de nuestro trabajo en Chile en pos del acceso equitativo y la gestión sustentable del agua en Chile para empezar a revertir la dañina lógica del “mercado del agua” mediante la cual los diversos gobiernos por más de 30 años nos han mantenido prisioneros.
Foto Tom Raftery Flickr © creative commons
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