Una de los momentos desagradables para quienes usamos computadores, es cuando se nos “queda pegado” y que en los antiguos sistemas operativos se veía reflejado en un odioso pantallazo azul o en los nuevos sistemas mediante un “reseteo forzado”. Todos sabíamos que no había caso, el “formateo” se venía y la vida del disco duro ya empezaba a llegar a su fin, a pesar de no tener claro donde estaba la falla.
En los últimos años, los principales conflictos nacionales se han visto asociados al área ambiental escapando del ámbito meramente técnico para extenderse al ámbito social, que los proyectos deben ir incorporando. En este ámbito, la idiosincrasia nacional -dentro del sistema de evaluación de proyectos- le puso nombre a esa inclusión: “participación ciudadana”. Este concepto fue entendido absurdamente como la simple consulta pública en un breve lapso determinado de tiempo, y que no parece suficiente. Al contrario, se observa una oposición constante de la población a casi cualquier proyecto por más “amigable” que pueda ser, como lo fue el caso del proyecto de energía eólica en Chiloé. He aquí el pantallazo azul. Error del Sistema.
A través de lo últimos años, las exigencias ambientales se han ido incrementando en línea con tendencias a nivel internacional, la globalización y que el planeta ha vuelto a ser plano. En esa misma fuerza conductora, las prácticas antiguas de lobby entre privados y la autoridad, cada día han sido más difíciles y menos toleradas, debido al apego a respetar la institucionalidad existente y que la población -cada vez más expectante- ve en el mismo privado la razón de la inequidad económica existente. La población, altamente conectada en línea a través de redes, han sido capaces de coordinarse sin líder alguno para oponerse a lo que considera es un proyecto invasivo. ¿Pero donde parte todo, donde se cae el sistema? He aquí un nuevo pantallazo azul. Error del Sistema.
Para responder a tal pregunta habría que remontarse al inicio de cada proyecto. Numerosos de estos consideran a los temas ambientales -y hoy de sustentabilidad- de menor relevancia en comparación con los temas financieros, dejando un pequeño presupuesto para lo que será un Estudio de Impacto Ambiental del cual finalmente dependerá la ejecución o no de lo que un balance de caja quiere mostrar. Ese mismo bajo presupuesto se suma a profesionales poco actualizados, o a los mismos gerentes que hace diez años han mutado desde operaciones a ambiental y hoy a sustentabilidad o Responsabilidad Social, que a pesar de llevar años realizando lo mismo, muchas veces ignoran los potenciales y contras de las propias tecnologías limpias que buscan implementar; para lo cual terminan externalizando a consultoras que fundamentan sus competencias sobre la base de lo extenso de sus currículos pero no de los nuevos contenidos necesarios.
Siguiendo a esto, una vez que el famoso informe a bajo costo está puesto en papel, es “ingresado al sistema” en donde migra a distintos servicios públicos para que se pronuncien. Aquí la bola de nieve vuelve a crecer: los servicios públicos poseen personal con alta experiencia pero usualmente colapsados de tiempo y, en ciertos casos, carentes de las competencias necesarias para evaluar proyectos complejos donde la ingeniería ha ido más rápido a la normativa y al propio conocimiento impartido. Es más, al generarse una vacante, los salarios en el sector público nunca se condicen con lo que un profesional puede alcanzar en el sector privado. ¿El resultado? Si se suma la débil capacidad del informe y las capacidades del sector público donde incluso algunos servicios se expresan en áreas que no les son de su competencia -un ejemplo podría ser a Salud opinando sobre el Chungungo o el colibrí de la Isla Juan Fernandez- el resultado son un alto numero de indicaciones que el dueño del proyecto debe resolver; encareciendo el proyecto vía postergación en su grado de avance y en la contratación de personal extra para responder a tanta indicación, algo que el privado llama “costo transaccional” que no es más que la negligencia no haber pensado bien el diseño desde un principio. Pero esto no queda ahí.
El privado sigue adelante dando respuesta -no sabemos si buenas o malas- a las apreciaciones realizadas desde los servicios en espera del pronunciamiento de las comisiones correspondientes. Si este es aprobado se pasa a consulta pública. Si no regresa al privado, el cual en vez de perfeccionar algo que partió mal, lo judicializa, sacando al proyecto del ámbito técnico para dejarlo en el ámbito legal lo cual no resuelve el problema del impacto ambiental. Si sumamos a esto presiones y redes, muchas veces se terminan aprobando, como en los casos de Freirina y Campiche.
Si es aprobado pasa a consulta “pública”. Como la población ya es un ente observante y atento, presenta sus apreciaciones generando un tira y afloja entre partes que se tienden a judicializar. Como también el sistema está corrupto en ambas partes, muchos de quienes quieren evitarlos saben que “de esta pasada” puede sacar una buena tajada en cada negociación. El mejor ejemplo lo es la discusión sobre una “línea de transmisión para proyectos energéticos”, donde el privado debe negociar con cada propietario de las tierras por donde la línea debe pasar y en donde algunos ven esto como una oportunidad de aprovechamiento, en el cual ambos -privados y propietarios- terminan trasladando el conflicto hacia el Estado para que este resuelva.
Finalmente, la obra al final parte y comienza en un clima donde los rangos de tolerancia son estrechos y con gran riesgo de sufrir un “evento” ambiental”. Si este ocurre, la población vuelve, corta caminos, se pronuncia, denuncia, hasta que al final la planta cierra. Todos pelean y al final nadie sabe quien tuvo la culpa pero siempre se culpa al otro sin hacer la mera reflexión que todos poseemos un cierto grado de responsabilidad al respecto. Aquí ya hubiésemos vistos muchos “pantallazos. Y el disco duro debiera haber sido formateado.
Hoy, con convenios como el 169 en relación a pueblos originarios o principio 10 en torno a transparencia y participación, lo anterior en vez de ir disminuyendo se irá incrementando. Es más, la misma institucionalidad con la entrada en vigencia de los tribunales o los nuevos reglamentos, una de las exigencias será pedir a cualquier proyecto definir su “rango de influencia a nivel de impacto” ahí es donde las batallas están por venir. Si no empezamos a solucionar hoy este sistema global que se ha forjado como queso suizo, los resultados serán un mayor número de proyectos rechazados donde cada uno de estos se politizará, ya que al parecer aún no hemos entendido que el sistema se fundamente en personas, competencias y que el área ambiental no es una fracción mínima en los presupuestos. Si no entendemos esto pronto, estamos destinados a recibir pantallazos azules como el de Barrancones o de reformas que nos avisen que el “El Sistema se ha recuperado de un Error grave”, pero debiendo de igual forma formatear el disco a futuro.
Foto quapan Flickr © creative commons
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