"When we would become friendly with an office and they were important to us, and the chief of staff was a competent person, I would say or my staff would say to him or her at some point, 'You know, when you're done working on the Hill, we'd very much like you to consider coming to work for us.' Now the moment I said that to them or any of our staff said that to 'em, that was it. We owned them. And what does that mean? Every request from our office, every request of our clients, everything that we want, they´re gonna do. And not only that, they´re gonna think of things we can´t think of to do". (Jack Abramoff, ex lobbysta norteamericano, preso algún tiempo por corrupción)
Hace algunas semanas se desarrolló el Vº Foro de Salud MINSAL/OPS, evento que tradicionalmente sólo convoca a algunos iniciados y apenas logra alguna cobertura de prensa. Esta vez, bajo el tema “Lobby Farmacéutico y Derecho a la Salud”, resultaba especialmente interesante ver en un mismo salón al Ministro de Salud y a representantes de la Industria de los medicamentos. El resultado fue una vistosa clase magistral del señor Ministro que irritó a la Industria farmacéutica presente, pues entre otras cosas, comentó que del sueño de la medicina basada en la evidencia, habíamos caído en la medicina basada en el marketing, culpando sin ambages, a los industriales y, en menor medida, a los médicos.
Paralelamente se ha reactivado la discusión en el Congreso Nacional en torno a un proyecto de ley de regulación del lobby (que el Ministro de Salud traduce acertadamente como antesaleo, neologismo que busca ser fiel al sentido original en inglés de la palabra, a mi juicio la ya existente palabra en español, cabildeo, me parece suficiente).
El lobby y sus primos cercanos, la corrupción y el tráfico de influencias, son un riesgo latente para la democracia y para el uso eficiente de los recursos públicos, en Chile y en Estados Unidos, en el Congreso y en los pasillos de los hospitales, su principal enemigo es la transparencia, pero ella, sin la vigilancia, se transforma fácilmente en un vidrio empañado.
El término ha sido pervertido por su uso y abuso, y hoy es difícil diferenciarlo en el discurso público del tráfico de influencias o la corrupción. Ello supone algunos errores conceptuales y cierta manipulación; pero, más importante aún, tiende a circunscribirlo a aquel agenciamiento de intereses destinado a modificar políticas públicas, olvidando que el lobby, el marketing dirigido, el tráfico de influencias y la corrupción pura y dura, pudiendo darse relacionados, son cosas distintas y que para bien -y para mal- debemos ser capaces de distinguirlas, pues pueden afectar no sólo grandes políticas públicas diseñadas entre los pasillos del Gobierno y del Congreso, sino también cruciales decisiones judiciales, compras públicas más o menos cuantiosas, contratación de estudios y asesorías y un largo etcétera.
El lobby propiamente tal tiene sutilezas importantes; es, por un lado, expresión natural del derecho a petición y, por otra parte, vinculado a influencias, parentescos o estímulos, una poderosa herramienta de alteración de los procesos democráticos de deliberación, decisión, y de asignación y eficiente uso de recursos públicos. Prohibirlo no tiene caso, tanto los poderosos como los interesados debidamente organizados querrán y podrán influir en decisiones de políticas públicas importantes (y en las pequeñas también), por lo que regularlo de manera estricta parece ser la mejor opción.
Pero al regular no debemos ser incautos, la legislación que se apruebe siempre podrá ser sorteada -con mayor o menor dificultad-, y será como tomar arena con las manos, siempre se nos escurrirá por algún lado, lo importante deberá ser establecer estándares adecuados, códigos de conducta, sanciones ejemplarizadoras y estímulos tanto para el autocontrol como para la denuncia.
¿Implica esto que es imperioso un registro de lobbystas, como varios comentaristas lo han propuesto? A mi juicio esta herramienta no es necesariamente la solución y distrae de la discusión legislativa aspectos mucho más sustanciosos, tales como la transparencia de las agendas públicas y privadas de los sujetos pasivos de lobby (incluyendo el Presidente de la República y Magistrados de los más altos Tribunales del país), la incorporación en la ley de prohibiciones explícitas de algunas conductas, adopción de códigos de conducta vinculante para los lobbystas, sanciones draconianas y, la más importante, la adjudicación a un organismo de control de la función de velar por el cumplimiento de la ley.
Hay leyes que han renunciado “burocratizar” su cumplimiento y son letra muerta (un ejemplo: la ley de protección de datos personales); y otras han creado un organismo público de vigilancia, lo que ha significado enormes avances (un buen ejemplo: ley de transparencia).
¿Cuál modelo queremos para una futura ley de lobby?, a mi juicio parece evidente que necesitamos un marco normativo que asegure la existencia de un organismo, -nuevo o ya creado- con atribuciones, recursos y autonomía suficiente para enfrentarse a intereses poderosos de todos lados. Si no, siga participando. Además, afuera está lleno de Abramoff sobándose las manos.
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